Primeras dificultades en la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

OPINION

Por Pablo Molins (*)

La ley 13.951 sancionada en el año 2009 crea en la provincia de Buenos Aires el régimen de Mediación como método alternativo de resolución de conflictos judiciales. Se trata de una instancia prejudicial, que responde a una voluntad política que pretende evitar la institucionalización innecesaria de conflictos que bien pueden ser abordados y resueltos mediante la intervención de un mediador especializado, evitando la sobrecarga y saturación de los tribunales y brindando una respuesta más satisfactoria e inmediata a la clásica judicialización de los conflictos. Sin bien han pasado más de seis años desde la sanción de ésta norma a la actualidad, su efectiva implementación comenzó a mediados del año 2012 y, desde entonces a la actualidad, es sabido que persiste una opinión crítica de los actores del campo jurídico en cuanto a los resultados de su aplicación. Así las cosas, la ley en su artículo 4º, exceptúa de la mediación previa obligatoria a una serie de acciones. Dice en su inciso 2º: Quedan exceptuadas… “Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación y patria potestad, alimentos, guardas y adopciones”.

En el Título III de la Sección Segunda del Libro Primero del derogado Código Civil, se trataba el régimen de la Patria Potestad, que era definida como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos y, regulaba su ejercicio. De éste título, se desprendían las acciones judiciales que podían promoverse y que comúnmente eran denominadas como “tenencia y régimen de visitas de hijos”. El nuevo código de fondo, que recientemente entró en vigencia, presenta un nuevo paradigma que pone al día los cambios culturales y sociales que han experimentado nuestras relaciones familiares. Sumado ello, al explícito reconocimiento del niño (hijo) como sujeto de derecho, a la par de modificar la regulación de lo que era la denominada Patria Potestad, ahora Responsabilidad Parental, la nueva legislación concreta todo un cambio gramatical y léxico. Así vemos como términos tales como “comunicación con los hijos” y “cuidados personal de los hijos” y otras denominaciones similares, sustituyen a las tradicionales designaciones de “régimen de visitas” y “tenencia de hijos”.

Estas cuestiones, entre otras, fueron las que motivaron a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos a revisar sus Resoluciones y Acordadas vigentes de carácter administrativo y organizativo, a los fines de alinearlas a las proposiciones del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Esta facultad, “organizativa” y de gobierno, que detenta el Supremo Tribunal, está reconocida por el art. 164 de la Constitución Provincial, que establece que es el propio tribunal quién dictará su reglamento para brindar el más adecuado servicio de justicia. Así fue, que mediante acuerdo nº 3766 del pasado 15 de julio del corriente año, a la vez de modificar y actualizar el listado de materias correspondientes al Fuero de Familia, el supremo tribunal amplió la gama de materias que previo a judicializarse deben atravesar la instancia de Mediación Previa Obligatoria (MPO) instituida por ley 13.951, incluyendo una amplia cantidad de materias de competencia del fuero de Familia. El cambio de denominación terminológica que inscribe esta acordada respecto del listado de materias, implica, a modo de ejemplo, equiparar “tenencia de hijos” con “cuidado personal de hijos” y “régimen de visitas” con “comunicación con los hijos”.

Si como se dijo en un principio, la ley provincial de Mediación, excluyó de la obligación de atravesar su sistema a las acciones de Patria Potestad (art. 4º inc. 2º), que remitían a los derogados artículos 264 y siguientes del Código Civil, de los que emanaban las acciones judiciales de “tenencia de hijos” y “régimen de visitas”, que ahora el nuevo Código asimila en el Título VII del Libro Segundo bajo la denominación Responsabilidad Parental, de la que se derivan las acciones de “cuidado personal de hijos” y “comunicación con los hijos”, incorrectamente puede la Suprema Corte, en su esfera administrativa, disponer que estas últimas acciones deban obligatoriamente traspasar el umbral de la Mediación prejudicial para recibir entonces efectiva acogida judicial.

Un dato no menor a tener en cuenta, es que el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, en su Libro VIII, prevé un proceso especial para el Fuero de Familia que aporta inmediatez, agilidad y que cuenta con la colaboración de un Equipo Técnico Interdisciplinario (Psicólogos, Psiquiátras, Asistentes Sociales), que son conducidos por un Consejero de Familia en un marco de informalidad procesal y, que arroja probados resultados positivos y efectivos a los conflictos familiares que se plantean. A su vez, el art. 642 del nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina, señala que en caso de desacuerdo entre los progenitores en cuanto a la organización de los roles que derivan de la Responsabilidad Parental es el juez competente mediante el “procedimiento más breve” y con intervención del Ministerio Público quien deberá resolver esta situación.

De todo ello se desprende que la legislación vigente, pretende dar inmediata respuesta judicial a los conflictos familiares. Por estas razones, entiendo que la Suprema Corte debería revisar el artículo 2º del Acuerdo nº 3766 del pasado 15 de julio, que incluyó materias del Fuero de Familia que se derivan obligatoriamente al sistema prejudicial de Mediación (MPO).  

 

(*) Consejero de Familia; Defensor Oficial designado para actuar ante los fueros Civil, Comercial y Familia en el Departamento Judicial de Moreno/Gral. Rodriguez.

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