El denominado Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados (Ley 27260 y Decreto 894/16), aprobado y publicado en julio de este año por el gobierno nacional, plantea dos objetivos fundamentales: por un lado terminar con los juicios por actualización de haberes contra el Estado, consolidando una verdadera estafa contra miles de jubilados pagándole mucho menos de lo que les deben, excusa con la cual justificaron el “blanqueo de capitales”. Y por otra parte “armonizar” los regímenes previsionales provinciales con las condiciones jubilatorias del ANSES, es decir, que las provincias que reciben aportes del Anses para el pago de jubilaciones -tanto las que han transferido sus cajas, como las que mantienen cajas jubilatorias propias-, igualen las condiciones para jubilarse con el sistema nacional.

La ley da un plazo de 120 días para que las provincias firmen un compromiso y se sumen a esa política nacional, que incluye auditorías sobre los estados contables y financieros de las instituciones que administran los sistemas previsionales provinciales. Será el inicio de la intromisión del estado nacional en las condiciones para acceder a una jubilación y en la movilidad de los haberes.

Si bien no está directamente incluído en la ley nueva, el gobierno nacional no ha desmentido declaraciones de funcionarios en relación a elevar la edad general del sistema jubilatorio nacional, y también la de los sistemas especiales, como el de Trabajadores Judiciales. Hay provincias donde ya se modificó el régimen jubilatorio como en Tierra del Fuego, y otras como Santa Fé  que han logrado evitarlo con la lucha de los Trabajadores. La intención de elevar la edad jubilatoria es una tendencia mundial reclamada por los organismos de crédito internacionales, para seguir descargando la crisis económica sobre los trabajadores.

Frente a esta situación, desde A.J.B. MATANZA decimos claramente, NO A LA ARMONIZACION, DEFENSA DE LA JUBILACION Y DEFENSA DE LOS REGÍMENES PROVINCIALES.

EL IPS Y EL RÉGIMEN JUBILATORIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La Legislatura aprobó una ley que prohíbe que los fondos del IPS sean “prestados” al gobierno provincial.

En tanto el IPS no recibe aportes del ANSES, en principio la provincia de Buenos Aires no estaría incluida en la obligación de ARMONIZACIÓN.

Sin embargo, el gobierno de María Eugenia Vidal no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, lo que acrecienta la preocupación generalizada por la posible implementación de la norma en la provincia y la modificación del régimen jubilatorio del IPS, en especial en el sector docente, que soporta una avanzada en contra desde las medidas del gobierno y los medios de comunicación, con el tema de la evaluación educativa y también por el ataque a sus derechos previsionales.

Desde la A.J.B. Matanza pronunciamos nuestro enérgico rechazo a cualquier medidas que ataquen nuestros derechos adquiridos en nuestro régimen jubilatorio, y afirmamos que las condiciones de edad. No al alza de edad jubilatoria que está en Proyecto. No a la vuelta de las A.F.J.P. Regímenes jubilatorios privados.

 

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