COMUNICADO DE PRENSA

La Comisión Directiva de A.J.B. La Matanza y la Secretaria de DD.HH decimos que Frente a os hechos de violencia y represión de 14/12 Todo intento de reforma previsional nacional  e intento de reforma, derogación y/o “armonización” del IPS Provincial y  en relación a las siguientes consideraciones:

  • La militarización del Congreso de la Nación no es el camino democrático que garantice una sana discusión parlamentaria en temas tan sensibles como la reforma previsional, más aún cuando esa militarización  genera que las fuerzas de seguridad utilice material vencido para reprimir el legítimo derecho a la protesta de los habitantes del territorio Nacional.

Es menester indicar que conforme a datos fotográficos, testigos presenciales y reportajes periodísticos surge innegablemente que se ha utilizado salvas de gas y balas de goma vencidos, los cuales con el tiempo se endurecen y son tan letales como balas de plomo. Existen normas y estandandares  que protegen el derecho a la protesta social, a saber: -_Sistema Interamericano de Derechos Humanos

– Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 2009

– Informe Anual CIDH 2015

– Fallos Corte IDH

– CADH Art. 13 y 15

– Declaración Americana de DDHH art. 4 y 21

– Informe sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en las Américas 2006, CIDH  y su segundo informe de 2011

Art. 14 Constitución Nacional “Todos los habitantes gozan de los siguientes derechos… de peticionar a las autoridades” y el 14 bis en función de los derechos sociales que allí se

enmarcan y que son fuente primaria de reclamos

Consejo de Derechos Humanos ONU

Relatoría especial para la Libertad de Expresión de la CIDH

Principio pro homine

En democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. Esto implica un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de participación ciudadanía, con las calles y plazas como lugares privilegiados para la expresión pública.

Para ello, se debe tener presente que los participantes en las manifestaciones públicas tienen tanto derecho de utilizar estos espacios durante un período razonable como cualquier otra persona. El uso del espacio público que hace la protesta social debe considerarse tan legítimo como su uso más habitual para la actividad comercial o el tráfico personal o vehicular……presunción general en favor de su ejercicio……debe ser permitido aun cuando no exista una regulación legal…y no se debe exigir autorización…”.-

“Como consecuencia de esta presunción a favor del ejercicio del derecho a la protesta social, el Estado también está obligado a implementar mecanismos y procedimientos adecuados para garantizar que la libertad de manifestar puede ser ejercida en la práctica y no quede sujeta a una regulación burocrática indebida”.

“La Comisión considera que la mera desconcentración de una manifestación no constituye, en sí misma, un fin legítimo que justifique el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”.”. Informe Anual CIDH 2015.-

Asimismo, existe normativa aplicable al uso de la fuerza frente a la protesta social, a saber:

-Estándares del Sistema Interamericano,

-Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ONU

-Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ONU

-PFA Ordenes del día 126 y 184

-“Criterios Mínimos para el desarrollo de protocolos de actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales en manifestaciones públicas”, del Ministerio de Seguridad (2011).

-“Protocolo de actuación de Fuerzas de Seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, del Ministerio de Seguridad (2016).

-Ley de Seguridad Pública de la CABA (Ley 2894/08).

-Manual de Guías de Actuación de la Policía Metropolitana 2015

“En países de la región se reiteran normativas que habilitan la ejecución de operativos policiales orientados a la dispersión o restricción de las protestas; acciones que pueden frecuentemente dar lugar a una serie de violaciones de derechos humanos.  La Comisión ha destacado que la desconcentración de una manifestación sólo puede justificarse en el deber de protección de las personas”

Sea cual sea el formato adoptado por quienes ejercen este derecho, la actuación policial debe tener como objetivo principal la facilitación y no la contención o la confrontación con los manifestantes. De allí resulta que los operativos policiales organizados en el contexto de protestas deban orientarse, como regla general, a la garantía del ejercicio de este derecho y a la protección de los manifestantes y de los terceros presentes. Cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar el ejercicio de este derecho.

Es su obligación  asegurar la gestión de las demandas y los conflictos sociales y políticos de fondo para canalizar los reclamos.Para que pueda ser compatible con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la regulación nacional del derecho a la protesta social debe cumplir con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad y ser especialmente cuidadosa de los términos y el alcance de las restricciones impuestas para garantizar que la respuesta de los cuerpos de seguridad esté orientada a la protección y facilitación de los derechos y no a su represión.

Los principios generales sobre el uso de la fuerza, aplicados al contexto de protestas y manifestaciones, requieren que la gestión de los operativos de seguridad sea planificada de forma cuidadosa y minuciosa por personas con experiencia y capacitación específicas para este tipo de situación y bajo protocolos de actuación claros”. Informe Anual CIDH 2015.-

En cuanto al  uso de armas de fuego es una medida extrema, y que no deben utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan su vida e integridad, o la de terceras personas. Este principio general que rige el uso de la fuerza letal por parte de la policía tiene una aplicación particular al ámbito de las protestas sociales o manifestaciones públicas. De los principios generales del uso de la fuerza se deriva que no existen supuestos que habiliten el uso de la fuerza letal para disolver una protesta o una manifestación, o para que se dispare indiscriminadamente a la multitud. Los Estados deben implementar mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas.  Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. La prohibición de portar armas de fuego y munición de plomo por parte de los funcionarios que pudieran entrar en contacto con los manifestantes se ha probado como la mejor medida de prevención de la violencia letal y la ocurrencia de muertes en contextos de protestas sociales.

En el caso de armas menos letales  la comisión ha dicho  que en el contexto de protestas sociales, la Comisión advierte su frecuente efecto indiscriminado. Este es el caso de los gases lacrimógenos y de los dispositivos de disparos a repetición que, en ocasiones, son utilizados para disparar proyectiles de goma, recubiertos de goma, de plástico o caucho. El uso de este tipo de armas debe ser desaconsejado, debido a la imposibilidad de controlar la dirección de su impacto.

Por lo expuesto precedentemente la represión de la protesta social y el uso de armas de fuego y más aún cuando el material se encuentra vencido, atenta contra normativa nacional e internacional en materia de Derechos Humanos suscripta por nuestro Estado.-

  • La Argentina en la Constitución Nacional consagra en su articulado el derecho a la seguridad social y en el marco más precisamente del Art. 75 inc.22 existen Tratados de Derechos Humanos que tienen jerarquía superior a la Constitución Nacional, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, más precisamente fue ratificado por la Ley  313 del año 1989.-

La referida herramienta normativa incluye claramente el Derecho a la Seguridad Social y establece como principios que debe tener carácter progresivo y no regresivo. El actual proyecto de reforma previsional es claramente violatoria de este principio y atenta contra  normas superiores a la Constitución Nacional, más allá que por su incorporación forma parte de la Constitución misma (Art.75 inc.22).-

Los fundamentos jurídicos de la seguridad social se encuentran en los arts. 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 26 del Pacto de San José de Costa Rica, art. 9 del Pacto Internacional de los Derechos, Económicos, Sociales y Culturales.-

En este mismo sentido, por un lado el proyecto de ley  nacional que intenta reformar el sistema previsional  actual, y por otro lado cualquier intento de “armonizar” el IPS de los trabajadores del Estado Provincial, correría la suerte de ser insalvablemente inconstitucionales. Más allá que la palabra “armonizar” oculte el verdadero carácter regresivo  que se pretende intentar con cualquier tipo de reforma, derogación y/o auditoria por parte del ANSES  respecto del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.

Sumado a ello que el Art. 40 de la Constitución Provincial le da carácter Constitucional , el cual reza“(art.nuevo) La Provincia ampara los regímenes de seguridad social emergentes de la relación de empleo público provincial.

El sistema de seguridad social para los agentes públicos estará a cargo de entidades con autonomía económica y financieraadministradas por la Provincia con participación en las mismas derepresentantes de los afiliados conforme lo establezca la ley.La Provincia reconoce la existencia de cajas y sistemasde seguridad social de profesionales”.-

Por último es menester indicar que La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido  el carácter progresivo y no regresivo que debe tener el sistema de seguridad social (jubilaciones) claramente encontrando apoyatura en la normativa precedentemente referida, a saber:

“considerando 6to. , “in re” SÁNCHEZ, María del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios – S. 2758. XXXVIII, sent. del 17 de mayo de 2005 (30): Que los tratados internacionales promueven el desarrollo progresivo de los derechos humanos y sus cláusulas no pueden ser entendidas como una modificación o restricción de derecho alguno establecido por la primera parte de la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22). La consideración de los recursos disponibles de cada Estado conf. arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos constituye una pauta que debe evaluar cada país al tiempo de establecer nuevos o mayores beneficios destinados a dar satisfacción plena a los compromisos asumidos por esos documentos, mas no importa disculpa alguna para desconocer o retacear los derechos vigentes (conf. art. 29 de la convención citada). Debe suponerse que el legislador ha sopesado los factores humanos, sociales y económicos al establecer la extensión de las prestaciones reconocidas y no corresponde a los jueces sustituir dicha valoración mediante razonamientos regresivos que, en la práctica, sólo conducen a negar el goce efectivo de esos derechos en los momentos de la vida en que su tutela es más necesaria…” y CSJN, Fallos 330:4866 sentencia del 26/11/07. 7) Ver CSJN Fallos 315:1820 y 311:1565.-

Comisión Directiva Departamental

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